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FORMATO PARA PROCESOS ACADÉMICOS |
RB – 02 Versión: 01 Fecha: abril 2015 |
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ÁREA |
POLÍTICA |
GRADO |
11° |
PERIODO |
I |
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DOCENTE |
Juan José Agudelo A. |
GUIA |
RECUPERACION |
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Señor(a) Padre, Madre, acudiente: su papel es fundamental en la estrategia
de "Aprendizaje en casa". Le solicitamos que desde su rol de cuidador
realice las siguientes actividades que son básicas:
- Verifique que su hijo tiene
acceso a la guía (física o virtual).
- Fije un cronograma de estudio,
siguiendo un horario de estudio flexible pero que se realice con disciplina.
Cree las condiciones en casa para que el estudio pueda ser efectivo.
- Verifique que su hijo haga
devolución oportuna de las guías (física o virtual).
- Si es posible haga un
acompañamiento de las actividades académicas.
- Comuníquese respetuosa y
oportunamente cuando tenga dificultades, a través del blog o correo
electrónico.
- Recuerde que, en el tiempo
prudente, recibirá respuesta.
RECUPERACION POLITICA
Exploración
¿Por qué para las naciones
es importante preservar la paz?
¿Qué organismos
internacionales contribuyen a preservarla?
EL CONFLICTO Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XX
En
el siglo XX, la presencia y el aumento de conflictos e internos y sus efectos desestabilizadores
ha alentado la creación de organizaciones internacionales y regionales cuyo
objetivo prioritario ha sido el fomento de la paz, la seguridad, la
estabilidad, el bienestar y la cooperación económica y política de los Estados
miembros.
La ONU
Después
de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional, en cabeza de la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ha preocupado por preservar de las
guerras a las generaciones, reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en
la dignidad y el valor de las personas, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, así como el respeto a las naciones grandes y pequeñas.
Por
estas razones, el 26 de junio de 1945 se firmó, en la ciudad de San Francisco,
Estados Unidos, la Carta de las Naciones Unidas.
En
los capítulos VI y VII de esta Carta se consagraron las normas relacionadas con
la solución pacífica de los conflictos y a las acciones que se pueden adelantar
en caso de amenazas a la paz o quebrantamiento de la misma mediante actos de
agresión.
Para aprender:
1. ¿Qué causas motivaron el surgimiento de la ONU?
2. ¿Cómo interviene la ONU en los conflictos nacionales e
internacionales?
3. Explica qué finalidad cumplen los organismos
internacionales frente a los conflictos de las naciones.
El Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas puede adoptar las medidas necesarias para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, que no impliquen
el uso de la fuerza. Sólo en situaciones de pérdidas considerables d vidas
humanas o de depuración étnica, y en todas aquellas donde haya violación d los
Derechos Humanos, se justifica la intervención militar de este organismo como
último recurso para evitar el sufrimiento humano.
Las
actividades adelantadas por la ONU para mantener la paz han variado, dad el
aumento de los conflictos regionales y nacionales, en todos los continentes, a
l complejidad de sus múltiples causas y a los devastadores efectos sobre la
población, como el genocidio, el desplazamiento forzado y el hambre.
La
intervención de la ONU ha sido importante para resolver conflictos como los El
Salvador, Guatemala, Camboya y Mozambique. Igualmente, los vividos en Somalia,
Ruanda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Timor
Oriental, Kosovo, Sierra Leona, Etiopía y Eritrea.
LOS ORGANISMOS REGIONALES
Los
organismos regionales han desarrollado acciones dirigidas a la ayuda
humanitaria, la protección de los Derechos Humanos, la asistencia para el
desarrollo integral y la prevención de los conflictos armados.
Entre
estos organismos se destacan la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) la
Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (Cedeao), la Liga de Estados Árabes y la
Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
En América han sido importantes las labores desarrolladas por la Organización de Estados Americanos (OEA) Fue creada como un organismo regional en el marco de las Naciones Unidas, durante la IX Conferencia Panamericana reunida en
Colombia
en 1948, y que adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el
Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En
la Carta de la OEA se señalan como objetivos prioritarios de la organización
afianzar la paz y la seguridad; promover y consolidar la democracia
representativa; prevenir las causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de conflictos que surjan entre los Estados; promover el desarrollo
económico, social y cultural; erradicar la pobreza crítica, y alcanzar una
efectiva limitación de armamentos, para dedicar el mayor número de recursos al
progreso económico y social de los Estados miembros.
Para
adelantar su labor, la OEA sustenta su accionar en cuatro principios
fundamentales: la democracia, los Derechos Humanos, la seguridad y el desarrollo.
De esta forma, se ha tornado en un foro de deliberación política en la región,
para resolver las diferencias entre los países que la integran, en espacios
como el Consejo Permanente, las reuniones regionales de ministros y las Cumbres
de las Américas.
Durante
su existencia, la OEA ha participado en actividades relacionadas con la paz y
la seguridad de la región, en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Colombia, entre otros. Su intervención ha procurado crear las condiciones
necesarias para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.
El 8
de diciembre de 2004 se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que cuatro
años más tarde se convirtió en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El
propósito de este organismo es ayudar a consolidar la convergencia económica,
ambiental, cultural y política de los países miembros y otorgarle mayor
importancia a la región en el ámbito internacional.
EXPRESIONES DEL CONFLICTO EN COLOMBIA
Los
argumentos que explican el conflicto y sus manifestaciones violentas en
Colombia han puesto de manifestó algunas constantes como la precaria presencial
del estado en el territorio y sus ineficiencias para cumplir con sus funciones,
la acción de grupos o redes de poder ilegales que compiten entre sí y contra el
Estado por el control territorial, las desigualdades entre las regiones y el
fortalecimiento de una cultura de violencia que ha impedido abrir un espacio
público para solucionar los conflictos y superar la desigualdad socioeconómica
de la nación colombiana.
Para
entender la realidad del conflicto armado colombiano, es necesario acercarse a
la violencia vivida en las guerras civiles del siglo XIX, y a las diversas y
complejas razones que justificaron el conflicto en el siglo XX y los inicios
del XXI, como par. te del proceso que ha hecho posible la configuración
política, económica y social del Estado. A ello se añaden los problemas
sociales por causa de los procesos de industrialización y modernización, que
estuvieron lejos de garantizar la equidad, el bienestar general y la
participación política.
LAS GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX
El
siglo XIX fue el escenario de múltiples guerras civiles. Con posterioridad a
los procesos de ruptura con la Corona Española, se comenzaron a gestar disputas
de carácter ideológico y político frente a asuntos de relevancia para la
configuración del Estado, que no se resolvieron por la vía del acuerdo, sino de
la guerra, los golpes de Estado y los cambios constitucionales. Dentro de las
causas más relevantes del conflicto en este periodo histórico están:
·
Las
tensiones entre centralistas y federalistas, y entre liberales y
conservadores. La inexperiencia
política de la clase dirigente y sus discrepancias en materia religiosa y
educativa.
·
La
preponderancia de los intereses regionales sobre los nacionales en cabeza de
caudillos militares.
·
Las
diferencias entre comerciantes y artesanos, y entre estos y los terratenientes.
·
El
triunfo del federalismo radical en la segunda mitad del siglo, con la
promulgación de la Constitución de Rio negro (1863), de carácter laico,
libertario, progresista y librecambista, agudizó las diferencias ideológicas y
radicalizó las fuerzas regionales.
La
Guerra de los Supremos (1839-1842), el golpe de Estado del general José María Melo,
con el apoyo de los artesanos durante la presidencia del general José María Obando
(1854); la declaración de rebelión contra el gobierno de la Confederación
Granadina, por parte del general Tomás Cipriano de Mosquera (1860), las guerras
civiles de 1860, 1876 y 1885, dan cuenta de la inestabilidad política y de las
devastadoras consecuencias de estas confrontaciones, que obstaculizaron el
reconocimiento de los logros intelectuales de la época.
A
mediados de 1885, el presidente Rafael Núñez, ante una victoria aplastante
contra los liberales radicales, declaró: "La Constitución de los Estados
Unidos de Colombia ha dejado de existir". Debido a lo que en ese momento
se llamó catástrofe nacional, de acuerdo con el criterio de la Regeneración,
provocada por el federalismo radical, se retornó a un modelo centralista,
presidencialista, con el catolicismo como religión oficial, el proteccionismo
económico y la idea de una sociedad construida según los principios de orden y
autoridad.
ORÍGENES DE LA VIOLENCIA DEL SIGLO XX
El
siglo XIX culminó con la rebelión liberal liderada por el general Santos Acosta
contra el gobierno de Miguel Antonio Cato en 1895, y con el inicio de la guerra
de los Mil Días (1899-1902). Se trata de la confrontación más sangrienta y destructiva
que devastó a Colombia en ese periodo de la historia, en el cual hubo un fuerte
deterioro de la economía, la población vivió en condiciones de pobreza y se presentó
la pérdida del departamento de Panamá.
Para algunos historiadores, entre 1904 y 1930 Colombia vivió una etapa de estabilidad política y social, durante la hegemonía del partido Conservador, así como un mejoramiento de la situación económica gracias a las exportaciones de café, la producción bananera, la consolidación de industrias manufactureras, la compensación monetaria del gobierno estadounidense por la pérdida de Panamá y la naciente explotación petrolera.
En
este periodo se gestaron movimientos campesinos y obreros, y conflictos de
naturaleza rural y agraria que pusieron de manifiesto el descontento popular y
desencadenaron en hechos violentos, como la Masacre de las Bananeras en 1928.
En
1930 el régimen conservador se derrumbó y el Partido Liberal con Enrique Olaya
Herrera como presidente, llegó al gobierno a través del denominado movimiento
de Concentración Nacional, que, aunque resaltó la necesidad de instaurar un
gobierno bipartidista, derivó hacia la hegemonía liberal hasta 1946. Después de
Olaya Herrera continuaron los gobiernos de Alfonso López Pumarejo (1934-1938),
Eduardo Santos (19381942), Alfonso López Pumarejo (1942-1945) y Alberto Lleras
Camargo (1945-1946).
Las
reformas implantadas durante las dos administraciones de Alfonso López
Pumarejo, bajo el lema de la Revolución en Marcha, agudizaron el enfrentamiento
ideológico entre los partidos y entre importantes sectores de la sociedad,
debido a que intentó modernizar al país, protegió a la clase trabajadora,
impulsó la reforma agraria (Ley 200 de 1936), limitó el derecho de propiedad señalando
su función social, impulsó la intervención del Estado en la economía para
mejorar las condiciones de vida de los colombianos, extendió el sufragio y
restauró la libertad de conciencia y de enseñanza.
En
medio de estas reformas se comenzó a vivir un paulatino deterioro del orden
público, debido a las pugnas partidistas entre liberales y conservadores, que
reavivaron los odios heredados y se manifestaron venganzas de sangre. En el
campo se avivaron los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, mientras
se acentuaban las tensiones entre patronos y obreros y el Estado y los
sindicatos, Esta lucha política y social fue especialmente dura en Santander,
Caldas, Boyacá, Valle, Tolima, Cundinamarca y Nariño.
En
medio de un ambiente de violencia partidista, en 1946 se llevaron a cabo
elecciones presidenciales en el país. La división del Partido Liberal, en
cabeza de los candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, permitió que
los conservadores regresaran al poder con Mariano Ospina Pérez, quien llamó a
un gobierno de Unión Nacional. El 9 de abril de 1948, mientras se realizaba la
IX Conferencia Panamericana que daría nacimiento a la OEA, el líder político y
candidato por el Partido Liberal a las elecciones de 1950, Jorge Eliécer
Gaitán, fue asesinado en Bogotá, lo que generó el llamado "Bogotazo",
que recrudeció la violencia en el país.
Para comprender:
1. Explica
la importancia de la guerra de los mil días en la historia política de
Colombia.
2. Explique
en qué condiciones se desarrolló la historia del país durante el periodo de la
hegemonía conservadora.
3. ¿Por
qué reformas de los gobiernos liberales agudizaron la lucha de clases?
4. ¿Por
qué se produjo el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán?
LAS GUERRILLAS EN
LA DÉCADA DE LOS 80
La
década del 70 significó un declive para las acciones guerrilleras, dados los
reveses militares que sufrieron especialmente organizaciones como el ELN.
Con
la llegada al poder del presidente liberal Julio César Turbay (19781982) se
inició una lucha antisubversiva ante el recrudecimiento de la actividad
guerrillera en las ciudades, especialmente del M-19, que realizó actos como el
robo de más de 5.000 armas del Cantón Norte, el 1 de enero de 1979, y la toma
de la embajada de República Dominicana, el 27 de febrero de 1980. El Estatuto
de Seguridad, puesto en vigencia en septiembre de 1978, fue el marco jurídico
para la lucha militar contra las organizaciones guerrilleras por parte del
Estado.
La
década del 80 significó una expansión de las guerrillas, primordialmente de las
Farc, las cuales, comenzaron a darle preeminencia a la acción militar en
detrimento de la actividad política. De 1.000 hombres pasaron a 15.000 y en
1982 formularon el Plan Estratégico de la organización insurgente, que entró a
llamarse Farc-ep, ejército del pueblo.
Con
la llegada a la presidencia del candidato conservador Belisario Betancur
(1982-1986) se inició un proceso de negociación política para alcanzar la paz.
Para ello se conformó la Comisión de Paz, se tramitó la ley de amnistía (ley 35
de 1982) y se levantó el Estado de Sitio. Como parte del proceso, en 1984 se
suscribieron pactos de cese bilateral del fuego y de tregua con las Farc, el
M-19, el ELN y dos frentes del EPL. En este contexto de negociación, en 1985
surgió la Unión Patriótica, UP, partido político que participó en las
elecciones de 1986, con Jaime Pardo Leal como candidato, quien fue asesinado en
octubre de 1987.
A
mediados de 1985 el M-19, el ELN y el EPL dieron por terminados los diálogos de
paz, al denunciar el asesinato de muchos de los guerrilleros amnistiados y el
incumplimiento de la tregua por parte del gobierno nacional. El 6 de noviembre
de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, una operación militar en que
murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, empleados de la rama judicial y numerosos visitantes, además de los
desaparecidos.
Durante
la administración del presidente liberal Virgilio Barco Vargas (1986-1990),
dado el secuestro del dirigente Álvaro Gómez Hurtado por parte del M-19, su
posterior liberación y la propuesta de negociación de esta organización
guerrillera, en 1989 se iniciaron diálogos que culminaron con la firma del
Pacto Político por la Paz y la Democracia, se tramitó una ley de indulto (Ley
77 de 1989) y se procedió a la dejación de las armas y a la reincorporación a
la sociedad de sus militantes en 1990.
Un
hito importante de la vida institucional colombiana, lo constituyó la
convocatoria, en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), de una Asamblea
Nacional Constituyente, que, con la participación de varios sectores sociales y
políticos, elaboró una nueva Constitución Política para Colombia, que debía
traducirse en un acuerdo político para la paz y la democracia.
El 9
de diciembre de 1990 ocurrieron dos hechos que muestran la dinámica del
conflicto colombiano y sus tensiones. Ese día los colombianos eligieron los
constituyentes que participarían en la Asamblea y el Ejército Nacional por
órdenes del presidente Gaviria se tomó Verde (La Uribe, Meta), sede del
Secretariado de las Farc en desarrollo de la operación Centauro 11. Este último
hecho generó una de las ofensivas militares más grandes de esta organización.
Durante
el inicio de la administración Gaviria se emprendieron conversaciones con el EPL,
el movimiento indígena Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), con los cuales se llegó a acuerdos de desarme y algunos de
ellos fueron nombrados por el gobierno para participar en la Asamblea Nacional
Constituyente.
"A las Farc y al ELN, que
persisten, a pesar de las generosas ofertas de un espacio digno y legítimo de
participación, en el camino de las armas, me dirijo con la esperanza de que me
escuchen y de que escuchen el clamor de
toda la Nación: no más emboscadas, no más asaltos, no más secuestros, no más
violencia, no más voladuras de torres y
oleoductos, no más atentados contra las
gentes de Colombia. Después de esta
revolución pacífica, la prédi- ca y la práctica de la violencia serán formas
arcaicas de la mayor fuerza reaccionaria".
César Gaviria Trujillo, Discurso
Clausura Asamblea
Nacional Constituyente, julio 4
de 1991
Para comprender
1. Compara las políticas de paz de los gobiernos de Turbay, Betancur, Barco y
Gaviria. Menciona sus avances y retrocesos.
2. Comenta las transformaciones que sufrieron los grupos guerrilleros en la
década del ochenta.
3. Menciona y analiza el impacto social y político de las acciones del M-19.
4. Señala qué importancia tuvo para la democracia nacional, la instauración de
la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.
LAS GUERRILLAS AL
FINAL DEL SIGLO XX Y COMIENZOS DEL XXI
El
gobierno del presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), estuvo signado por
el narco escándalo, el proceso 8.000, las renuncias del vicepresidente de la
República, Humberto de la Calle y de varios embajadores, el magnicidio del
líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, la reforma a la Constitución Política
en el tema de la extradición y el desmantelamiento del Cartel de Cali. Lo
anterior ocultó los logros sociales en temas de salud, educación,
infraestructura y seguridad social.
En
este confuso escenario, la actividad guerrillera de las Farc y el ELN se
intensificó a través de ataques a bases militares como la de Las Delicias, en
la que fueron secuestrados 70 militares, o las realizadas en El Billar,
Miraflores, Tamborales, Mitú, Juradó, el Cañón de la Llorona o Yarumal.
Igualmente, los paramilitares, agrupados en las nacientes Autodefensas Unidas
de Colombia, AUC, aumentaron sus operaciones. Estos grupos al margen de la ley
causaron el desplazamiento masivo de millares de campesinos y ejecutaron
numerosas masacres.
Muchos
soldados secuestrados por las Farc recobraron la libertad tras la celebración
de acuerdos humanitarios, durante la administración de Ernesto Samper y luego
con la del presidente Pastrana Arango.
Una
vez posesionado el presidente Pastrana Arango (1998-2002), se inició un proceso
que pretendía terminar el conflicto armado colombiano. Como parte de este
proceso, se desmilitarizó la llamada Zona de Despeje, que comprendía los
municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vista
Hermosa. En esta ocasión se decidió negociar en medio del conflicto, sin
suscribir acuerdos de cese el fuego. Un paso esencial lo constituyó la suscripción
con Estados Unidos del Plan Colombia y el comienzo de su implementación en
1999.
El
proceso se instaló formalmente el 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán
y Pastrana Arango lo dio por terminado el 20 de febrero de 2002. En este
proceso la comunidad internacional buscó participar activamente mediante la
Comisión Facilitadora. No obstante, las Farc cometieron graves delitos que
contribuyeron a la ruptura de esta iniciativa y a la radicalización del
conflicto armado, como el asesinato de la ex ministra Consuelo Araújo y el
secuestro del senador Jorge Gechem Turbay.
En
2002 se inició el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 /
2006-2010) quien desde su política de Defensa y Seguridad Democrática, buscó
consolidar el control del territorio para garantizar el Estado de derecho y su
vigencia. Tras este objetivo intensificó la lucha contra el narcotráfico, los
paramilitares Y las guerrillas, a las cuales calificó de narcoterroristas, y
gracias a las acciones adelantadas logró disminuir la intensidad de la
confrontación.
Las
operaciones militares contra las Farc han sido contundentes y la opinión
nacional e internacional ha manifestado un profundo rechazo hacia las acciones
de violencia emprendidas por esta organización. De igual manera, se inició un
proceso de paz con los paramilitares, que llevó a su desmovilización y a la
extradición de los principales jefes de estas organizaciones criminales. La
intensificación de las Operaciones militares contra la subversión, ha sido
motivo de acusaciones al Estado colombiano de violación de los Derechos
Humanos, lo cual ha tenido incidencia en la aprobación del TLC con los Estados
Unidos y en las relaciones con los países europeos
“Colombia sin guerrilla y sin
paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y
disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el
conflicto y después de alcanzar la paz”.
Numeral 26, Manifiesto
Democrático 100 Puntos, Álvaro Uribe
Vélez
Para comprender
1. ¿Por qué durante el gobierno del presidente Samper se puso en evidencia la
vulnerabilidad de las instituciones del gobierno?
2. Menciona los sucesos más significativos durante la administración de
Pastrana en el proceso de paz con las Farc.
3. Explica en qué consistió la política de la administración de Uribe Vélez.
El mal sufrido
debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad
al porvenir.
Tzvetan Todorov
Colombia
tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de
resistencia a ella, una de cuyas más notorias manifestaciones en las últimas
dos décadas ha sido la creciente movilización por la memoria. Rompiendo todos
los cánones de los países en conflicto, la confrontación armada en este país
discurre en paralelo con una creciente confrontación de memorias y reclamos
públicos de justicia y reparación. La memoria se afincó en Colombia no como una
experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y
afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la
guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas. La memoria es
una expresión de rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Se ha
convertido en un instrumento para asumir o confrontar el conflicto, o para
ventilarlo en la escena pública.
En
todo caso, es gracias a todo este auge memorialístico que hay en Colombia una
nueva conciencia del pasado, especialmente de aquel forjado en la vivencia del
conflicto. El conflicto y la memoria —lo muestra con creces la
experiencia colombiana— no son elementos necesariamente secuenciales del
acontecer político-social, sino rasgos simultáneos de una sociedad largamente
fracturada.
Entre la invisibilidad y el reconocimiento
Colombia
apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia. Aunque sin
duda la mayoría de nuestros compatriotas se sienten habitualmente interpelados
por diferentes manifestaciones del conflicto armado, pocos tienen una
conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y de sus mecanismos de
reproducción. Muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple
expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas
de fondo en la configuración de nuestro orden político y social.
El
carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado
paradójicamente en detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus
actores y sus lógicas específicas, así como de sus víctimas. Su apremiante
presencia ha llevado incluso a subestimar los problemas políticos y sociales
que subyacen a su origen. Por eso a menudo la solución se piensa en términos
simplistas del todo o nada, que se traducen o bien en la pretensión totalitaria
de exterminar al adversario, o bien en la ilusión de acabar con la violencia
sin cambiar nada en la sociedad. Una lectura del conflicto en clave política
mantiene las puertas abiertas para su transformación y eventual superación, lo
mismo que para reconocer, reparar y dignificar a las víctimas resultantes de la
confrontación armada.
En este contexto, es un acontecimiento reciente la
emergencia de las víctimas en la escena social y en los ámbitos institucionales
y normativos. Tierra, verdad y reparación constituyen, en efecto, la trilogía
básica de la Ley de Víctimas que inauguró un nuevo modo de abordar el conflicto
en el Estado colombiano. Durante décadas, las víctimas fueron ignoradas tras
los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente reconocidas bajo el
rótulo genérico de la población civil o, peor aún, bajo el descriptor
peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta perspectiva, fueron consideradas
como un efecto residual de la guerra y no como el núcleo de las regulaciones de
esta.
La polarización minó el campo de la solidaridad con
ellas, incluso las movilizaciones ciudadanas contra modalidades de alto
impacto, como el secuestro y la desaparición forzada, se inscribieron en esta
lógica dominante en el campo político. ¿A quiénes concierne la guerra? En la
visión kantiana, el daño que se hace a una víctima es un daño que se le inflige
a toda la humanidad. De allí el compromiso axiológico de protección a las
víctimas, consagrado en las normas internacionales de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario. No obstante, pareciera que en los hechos se
requiere la condición de parte directamente afectada, interesada, para que el
tema de las responsabilidades frente al conflicto desencadene la acción
colectiva. Por ello, aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares
de víctimas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno
y a sus intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre
el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del
campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y
tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio
de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la
violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de
la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no
de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción
de estabilidad política y económica.
La democratización de una sociedad fracturada por
la guerra pasa por la incorporación, de manera protagónica, de los anónimos y
de los olvidados a las luchas y eventualmente a los beneficios de las políticas
por la memoria. Es indispensable desplegar una mirada que sobrepase la
contemplación o el reconocimiento pasivo del sufrimiento de las víctimas y que
lo comprenda como resultante de actores y procesos sociales y políticos también
identificables, frente a los cuales es preciso reaccionar. Ante el dolor de los
demás, la indignación es importante pero insuficiente. Reconocer, visibilizar,
dignificar y humanizar a las víctimas son compromisos inherentes al derecho a
la verdad y a la reparación, y al deber de memoria del Estado frente a ellas.
La memoria de las víctimas es diversa en sus
expresiones, en sus contenidos y en sus usos. Hay memorias confinadas al ámbito
privado, en algunos casos de manera forzosa y en otras por elección, pero hay
memorias militantes, convertidas a menudo en resistencias. En todas subyace una
conciencia del agravio, pero sus sentidos responden por lo menos a dos muy
diferentes tipos de apuestas de futuro. Para unos, la respuesta al agravio es
una propuesta de sustitución del orden, es decir, la búsqueda de la supresión o
transformación de las condiciones que llevaron a que pasara lo que pasó: es una
memoria transformadora. Pero hay también memorias sin futuro, que toman la
forma extrema de la venganza, la cual a fuerza de repetirse niega su posible
superación. La venganza pensada en un escenario de odios colectivos acumulados
equivale a un programa negativo: el exterminio de los reales o supuestos
agresores. En efecto, la venganza parte de la negación de la controversia y de
la posibilidad de coexistir con el adversario. Es la negación radical de la
democracia.
Degradación y
responsabilidad
Las guerras pueden destruir o transformar las
sociedades, pero ellas también se transforman por exigencias internas o por
variaciones inesperadas de los contextos que propiciaron su desencadenamiento.
Pocos dudarían hoy que el conflicto armado interno en Colombia desbordó en su
dinámica el enfrentamiento entre los actores armados. Así lo pone de presente
la altísima proporción de civiles afectados y, en general, el ostensible
envilecimiento de las modalidades bélicas. De hecho, de manera progresiva,
especialmente desde mediados de la década de los noventa, la población inerme
fue predominantemente vinculada a los proyectos armados no por la vía del
consentimiento o la adhesión social, sino por la de la coerción o la
victimización, a tal punto que algunos analistas han definido esta dinámica
como guerra contra la sociedad o guerra por población interpuesta.
La violencia contra la población civil en el
conflicto armado interno se ha distinguido por la sucesión cotidiana de eventos
de pequeña escala (asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, masacres con
menos de seis víctimas, secuestros, violencia sexual, minas antipersonales)
dentro de una estrategia de guerra que, deliberadamente apuesta por asegurar el
control a nivel local, pero reduciendo la visibilidad de su accionar en el
ámbito nacional. En efecto, los actores armados se valieron tanto de la
dosificación de la violencia como de la dosificación de la sevicia, esta última
en particular en el caso de los paramilitares como recurso para aterrorizar y
someter a las poblaciones. Esta dinámica, que constituyó el grueso de la
violencia vivida en las regiones, fue escasamente visible en el plano nacional,
lo que muestra la eficacia del cálculo inicial de los perpetradores de eludir
la responsabilidad de sus fechorías frente a la opinión pública y frente a la
acción judicial. Desentrañar las lógicas de la violencia contra la población
civil es desentrañar también lógicas más amplias de la guerra: el control de
territorios y el despojo de tierras, el dominio político electoral de una zona,
la apropiación de recursos legales o ilegales. La victimización de las
comunidades ha sido un objetivo en sí mismo, pero también ha sido parte de
designios criminales más amplios de los actores de la guerra.
¿Pluralismo y disenso:
amenaza o riqueza?
La confrontación armada contemporánea exacerbó
particularidades de la tradición política nacional, en especial el sectarismo,
que tuvo su máxima expresión en la guerra sucia. Ciertamente en Colombia ha
predominado una concepción de la política en la cual el disenso o la oposición
son vistos antes que como elementos constitutivos de la comunidad política,
como amenazas a la integridad de esta o a la concepción de orden dominante en
cada momento. Se trata de la persistencia de una cultura política que no ha
logrado superar la exclusión ni mucho menos integrar la diferencia de forma
activa en la lucha por el poder. En su lugar hay una tentación latente al
pensamiento único o al dogmatismo, que limita con la violencia o la alimenta. Es
bajo esta perspectiva que el campo político integró como rasgo distintivo de
sus dinámicas la eliminación del adversario o del disidente. Ese ha sido lo que
podría llamarse el programa perverso de la guerra sucia. El sectarismo de la
política se extiende a las armas y el sectarismo de las armas se proyecta en la
política.
Son males que vienen de muy atrás. Los procesos de
ampliación democrática en el plano institucional que se iniciaron desde los
años ochenta no marcharon a la par de la democratización social. En efecto, el
acomodamiento de viejos poderes, la instrumentalización de la vía política y la
cooptación del Estado por parte de los actores armados ilegales de uno y otro
signo torpedearon los esfuerzos de democratización emergentes.
La democratización social y política sigue siendo
una realidad inconclusa. Los procesos de reinserción que han tenido lugar no
han sido del todo exitosos. En muchos sectores de la sociedad persiste el
estigma o señalamiento sobre quienes han abandonado las armas. En estos casos,
el pasado de violencia es explotado por muchos para reproducir y azuzar el
conflicto en el presente, poniendo en riesgo una reintegración verdadera a la
comunidad política y la posibilidad misma de transformación del contendor
armado en contradictor político que es la sustancia de un proceso de paz.
Las memorias y el provenir
A la luz de las consideraciones expuestas, el
relato aquí plasmado intenta romper con las visiones reductoras de la violencia
que condensan en coordenadas morales (los buenos y los villanos) la complejidad
de lo que hemos vivido. La larga trayectoria del conflicto y las
transformaciones de sus actores, junto a las transformaciones sociales e
institucionales, clausuran toda pretensión de un relato monocausal que reduzca
la continuidad de la violencia o su solución a la sola acción de los
perpetradores o a un ejercicio de condena moral. La sociedad ha sido víctima,
pero también ha sido partícipe en la confrontación: la anuencia, el silencio,
el respaldo y la indiferencia deben ser motivo de reflexión colectiva. No
obstante, esta extensión de responsabilidades a la sociedad no supone la
dilución en un “todos somos culpables” de las responsabilidades concretas y
diferenciadas en el desencadenamiento y desarrollo del conflicto. La reconciliación
o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión,
el ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclarecimiento. Se trata de un
requerimiento político y ético que nos compete a todos.
El
proceso de paz en la sociedad colombiana
1.
¿Cómo concibe el autor la memoria? Escribe 2 definiciones.
2.
Expresa 2 visiones sobre la violencia y los modos practicados para su solución
por parte de distintos grupos de personas en el país.
3.
Completa las siguientes frases:
a.
El conflicto armado representa para muchos conciudadanos un asunto _____ __
__ _______
b.
Durante décadas las víctimas fueron consideradas como un ____ ____
__ __ _____
c.
La transformación del contendor armado en contradictor político es __ ____
__ __ ____ __
___
d.
Los procesos de ampliación democrática en el plano institucional no marcharon a
la par de __ ___ ____
e.
La reconciliación nacional no se puede fundar sobre __ ____, __
____ __ __
____
4.
Según el texto, ¿qué usos han dado las víctimas a su memoria de los
acontecimientos? Menciona al menos 2.
5.
Falso o verdadero:
a. ¿A quiénes concierne la guerra? Se requiere
ser parte directamente afectada para interesarse por ella.
b.
Las guerras pueden destruir las sociedades, pero no las transforma.
c.
El conflicto armado desbordó en su dinámica el enfrentamiento entre los actores
armados.
d.
La democratización social y política es una realidad del país gracias a los
procesos de reinserción.
e.
Todos somos culpables de lo que ha ocurrido en la guerra en Colombia.
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