lunes, 14 de junio de 2021

GUÍA #10: EL PARAMILITARISMO

 

 

FORMATO PARA PROCESOS ACADÉMICOS

RB – 02

Versión: 01

Fecha:  abril 2015

ÁREA

POLÍTICA

GRADO

11°

PERIODO

II

DOCENTE

Juan José Agudelo A.

GUIA N.º

10

 









Señor(a) Padre, Madre, acudiente: su papel es fundamental en la estrategia de "Aprendizaje en casa". Le solicitamos que desde su rol de cuidador realice las siguientes actividades que son básicas

- Verifique que su hijo tiene acceso a la guía (física o virtual). 

- Fije un cronograma de estudio, siguiendo un horario de estudio flexible pero que se realice con disciplina. Cree las condiciones en casa para que el estudio pueda ser efectivo. 

- Verifique que su hijo haga devolución oportuna de las guías (física o virtual). 

- Si es posible haga un acompañamiento de las actividades académicas. 

- Comuníquese respetuosa y oportunamente cuando tenga dificultades, a través del blog o correo electrónico.

- Recuerde que, en el tiempo prudente, recibirá respuesta

 

TEMA: EL PARAMILITARISMO

Indicador de desempeño: Analizar el IMPACTO DEL PARAMILITARISMO en la vida política, económica y social de Colombia y sus efectos en la aplicación de los derechos humanos.


El paramilitarismo es la manifestación extrema de la degradación del conflicto armado colombiano e impone amplios retos para crear una cultura por la paz.

Las amenazas a defensores de derechos Humanos, las desapariciones de sindicalistas, los asesinatos de militantes políticos, de dirigentes sociales, de afrocolombianos, de indígenas, las campesinas, los, secuestros, el desplazamiento forzado, las alianzas con algunos 'sectores políticos y el tráfico de drogas, delitos cometido por estos grupos, han puesto a Colombia como uno de países que padece una crisis humanitaria de vastas proporciones, en la que se quebrantan la dignidad humana y los Derechos Humanos.

Los paramilitares consolidaron su presencia militar en diferentes territorios disputándole a la guerrilla el dominio de estos, debido a la casi nula presencia Para ello se dotaron de armamento, se adiestraron en combate contrainsurgente, crearon redes de cooperantes, se aliaron con algunos políticos y miembros de la Fuerza Pública para realizar sus operaciones, mantuvieron vínculos con narcotraficantes o se dedicaron a la producción y tráfico de drogas, y realizaron acciones delictivas como asesinatos, secuestros y masacres.

Estos grupos armados justifican sus acciones como una respuesta a las operaciones de las guerrillas en diferentes zonas del país y a la débil presencia del Estado.

 

ORIGEN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES

La estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos no es reciente.

 Según Daniel García-Peña Jaramillo, las raíces del paramilitarismo se encuentran en la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado.


 Los antecedentes más cercanos se encuentran en los grupos que surgieron en la violencia de los años cuarenta y cincuenta … (cuando) … Grupos privados, como los denominados Pájaros, operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades. Tal fue el caso de la organización paramilitar La Chulavita, destinada a eliminar a los liberales. 

En los sesenta, se estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas, mediante el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968. Después se expidió la Resolución 005 por medio de la cual se aprobó el llamado “Reglamento de Combate de Contraguerrillas”. Para ese entonces se recomendó desde Estados Unidos “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”.

El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento.

En la década de los 60 se vivió un auge en la conformación de grupos guerrilleros y creció la acción subversiva en diferentes municipios. En ese instante la Guerra Fría enfrentaba a las grandes potencias, y la Doctrina de la Seguridad Nacional se había convertido en un instrumento de lucha contra las agrupaciones guerrilleras.

Debido al incremento de secuestros, las vacunas, el boleteo, el abigeato y los asesinatos de campesinos, durante el gobierno del presidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) se expidió el Decreto 3398 de 1965 que autorizó a la población civil para armarse, bajo el control de las Fuerzas Armadas, con la idea de organizar la autodefensa de algunos sectores de la sociedad y mantener las instituciones.

Así fue como se conformaron los denominados grupos de autodefensa o defensa civil, sujetos a las órdenes de hacendados o ganaderos. Estos grupos se limitaron a vigilar las propiedades de estos señores, impedir las incursiones guerrilleras y defender sus vidas de "chusmeros" o "bandoleros". Las autodefensas campesinas se empezaron a desarrollar en departamentos como Sucre, Bolívar, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima y llegaron a desembocar en los grupos paramilitares.

A finales de los 70, una vez concluido el Frente Nacional se produjo el fortalecimiento de estos grupos, por causa de las complejas situaciones sociales y políticas, nuevas circunstancias como la bonanza en regiones petroleras, la producción esmeraldera y el apogeo del narcotráfico y el contrabando.


En los años ochenta, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos: Muerte a Secuestradores (MAS), Movimiento Anticomunista Colombiano, entre los más conocidos.

En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en ese sentido, cuando esas organizaciones, entre 1996 y 1997, se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil. 

Un balance general del desarrollo del paramilitarismo de los años comprendidos entre 1979 y 1994, afirma Carlos Medina Gallego, refleja la persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra que caracterizaron la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982). De ahí se pasó a la utilización de la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres, durante la administración Betancur Cuartas. 

Luego se llegó a las prácticas de la violencia expresada en detención-desaparición, y masacres colectivas que caracterizaron las administraciones de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y César Gaviria Trujillo (1990-1994), según Medina Gallego. 

En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración y complacencia de las fuerzas armadas.



Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente, delegaron en los paramilitares “el trabajo sucio” de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia, los gremios y las mismas instituciones estatales. 

En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social (delincuentes comunes, drogadictos, homosexuales).

Durante la gestión de Barco Vargas fueron identificadas cerca de 200 organizaciones paramilitares. Durante esta misma administración, en 1988, el gobierno declaró ilegales a las autodefensas y estableció la tipificación de la conformación de éstas como conducta punible, mediante los decretos 813, 814 y 815.Por su parte, Gaviria Trujillo le declaró la “guerra integral” a la subversión, no al paramilitarismo. El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su ministro de defensa, Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”, como una forma de regularizar el paramilitarismo, las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 con la función de contribuir con labores de inteligencia para las fuerzas armadas y, declaradas inexequibles en 1999, el Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon a ganaderos y narcotraficantes. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.

Mientras se adelantaban los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana Arango y las FARC, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a los cuales se opuso tenazmente Uribe Vélez y las AUC; el 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, Departamento de Córdoba, se firmó un documento entre los líderes de las AUC y un grupo de 32 políticos, la mayoría de ellos de filiación conservadora, cuyos postulados hablan de “refundar la patria” y “firmar un nuevo contrato social”

 

1. ¿Qué es el paramilitarismo?

2. Explica el origen de los grupos paramilitares.

3. ¿Por qué el paramilitarismo ha causado una grave crisis humanitaria en Colombia?

 

EVOLUCIÓN Y CONSECUENCIAS DEL PARAMILITARISMO

Desde principios de los 80, diversas circunstancias recrudecieron la violencia rural y urbana en Colombia, Se fortalecieron y multiplicaron grupos armados ilegales, llamados de diferentes formas: bandas criminales, cuerpos armados ilegales, ejércitos privados, escuadrones paramilitares, entre otras.

Estos grupos armados fueron creados para proteger actividades como la explotación esmeraldera, la producción ganadera o agrícola o el lavado de dineros provenientes del narcotráfico, a través de la compra de haciendas y de bienes suntuosos. En algunos territorios los paramilitares se enfrentaron a las guerrillas y también atacaron a los miembros de partidos políticos de izquierda.

Un hecho detonante fue la creación en 1981, del grupo MAS, muerte a secuestradores, por parte de los carteles de Medellín y del Valle. Este grupo se convirtió en un escuadrón de la muerte contra guerrilleros, y su modelo criminal se replicó por diversas regiones del país como Córdoba, Urabá, Santander, Antioquia, Magdalena, Meta, Boyacá, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Los escuadrones paramilitares fueron financiados con dineros del narcotráfico, que invirtieron en entrenamiento militar, dotación de armas y equipos, consecución de bienes y sostenimiento. Igualmente, comenzaron a realizarse acciones electivas como las amenazas, masacres el desplazamiento de campesinos.

Urabá fue una de las regiones que más padeció el flagelo del paramilitarismo y transformación. Allí, la riqueza agrícola derivada de la producción, comercialización y exportación de banano, e convertida en centro del accionar en cabeza de las Farc y el L. En este mismo territorio, en 1987, hermanos Fidel y Carlos Castaño crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y emprendieron toda clase de ataques contra la guerrilla y la población civil a la que acusaban do facilitadora de las organizaciones subversivas.

En 1997 se constituyeron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al unirse las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdaleno Medio y las de los Llanos Orientales. En desarrollo de sus operaciones, crecimiento y fortalecimiento, las autodefensas fueron responsables del desplazamiento de comunidades, despojo de tierras a los campesinos y también cometieron las peores masacres en la historia reciente del país como las de Mapiripán, El Aro, Trujillo El Salado, El Naya, El Nilo, Tres Esquinas, la negra entre otras.

En el año 2002, el gobierno del presi. dente Álvaro Uribe Vélez comenzó un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se concretó con la firma del "Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia" suscrito en julio de 2003 lo cual se convirtió en el marco para la desmovilización de 31.671 miembros de las autodefensas, la entrega de 18.051 armas, la denuncia de 8.431 delitos y la posterior expedición de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para reglamentar el desarme, la desmovilización y la reinserción. No obstante, los paramilitares extraditados no han respondido a las víctimas colombianas por sus delitos.

La Corte Suprema de Justicia ha adelantado juicios contra políticos y parlamentarios vinculados con el paramilitarismo (la parapolítica), y también ha procurado hacer cumplir el derecho de las víctimas a saber la verdad, obtener justicia y recibir la justa reparación por los delitos cometidos en su contra. También diversas organizaciones de la sociedad civil se han ocupado de adelantar procesos para la recuperación de la memoria histórica como una manera de sensibilizar a la sociedad y comprometerla en la construcción de la paz.

 

La desmovilización de los grupos paramilitares 

 


El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se desarrolló a partir del año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

En una carta pública enviada al presidente, las AUC declararon un cese de hostilidades nacional a partir del primero de diciembre de ese año, cumpliendo así con el requisito del gobierno nacional para el inicio de conversaciones. Meses después, y después de varias reuniones durante esta fase exploratoria, el 15 de julio de 2003, en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión, delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las Autodefensas suscribieron el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, a través del cual el gobierno y las AUC acordaron iniciar la etapa de negociación, afirmando que el propósito de este proceso es “el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado”. 



En el acuerdo de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín.

Tiempo después, el 10 de diciembre de 2004, se produjo una de las entregas más importantes: la del Bloque Catatumbo, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso. Los desarmes colectivos se extendieron hasta agosto de 2006.

Después del periodo de desarme de las AUC, los jefes desmovilizados fueron recluidos en el centro especial de La Ceja, Antioquia, y posteriormente fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, del mismo departamento. Posterior al desarme de las AUC, el 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 jefes de las AUC que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz.

 El gobierno argumentó que los exparamilitares incumplieron los requerimientos del proceso, principalmente porque seguían delinquiendo desde la cárcel. Progresivamente, y hasta hoy bajo la administración del presidente Juan Manuel Santos, es la definición criminal del paramilitarismo la que parece haberse impuesto. Paradójicamente, esta visión es imputable al gobierno de Álvaro Uribe que durante años anteriores intentó promover una acepción política de estos grupos, vehiculando así una cierta legitimación de su accionar violento.

Empero, frente a la pérdida de legitimidad de las instituciones, acusadas de estar “capturadas” por el “poder paramilitar”, el gobierno uribista escenificó el presunto fin del paramilitarismo, primero con el argumento de la desmovilización, luego con el de la extradición. La denuncia de las prácticas criminales de estos grupos se convirtió para el gobierno en un recurso político que le permitió tratar de consolidar su posición interna de poder y credibilidad en las esferas internacionales. Esto le posibilitó en cierta medida sortear la crisis sin sufrir las consecuencias de haber gobernado con una bancada parlamentaria altamente influenciada por actores criminales. Con la extradición de los jefes paramilitares, el poder ejecutivo trató de limpiar su imagen e intentó posicionarse como el arquitecto del desmantelamiento del paramilitarismo, un fenómeno que fue mostrado, en el discurso oficial, como si estuviese relegado al pasado.

 

4. Según Daniel García Jaramillo, LAS RAICES DEL PARAMILITARISMO se encuentran en la vieja práctica de las elites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en connivencia con el Estado ¿Qué está dando por sentado Daniel García Jaramillo? Justifica tu respuesta

5. Completa el siguiente cuadro donde expliques la desmovilización de los grupos paramilitares

CAUSAS

CARACTERISTICAS

 

CONSECUENCIAS

MI OPINION

la desmovilización de los grupos paramilitares

 

 

 

6. ¿Por qué se afirma que el paramilitarismo en Colombia tiene su gen en el partido conservador?

7. ¿Cuál es el fundamento jurídico que dio origen a la conformación de grupos de autodefensa en Colombia? ¿Quién se benefició con esto?

8. ¿Por qué se afirma que la parapolítica surgió en el pacto Santa Fe de Ralito?


 

9. ¿A que condujoBelisario Betancur Cuartas?


10. ¿Cuáles fueron las características del paramilitarismo comprendidos entre 1979 y 1994?

11. ¿Qué actitud asumes ante las funciones que los militares colombianos le dieron a los paramilitares? Justifica tu respuesta

12. ¿Por qué se afirma que el presidente Ernesto Samper Pizano es el padre jurídico de las “Convivir"? Justifica tu respuesta

13. ¿En qué consistió la alianza entre política y parara militares, que permitió su la expansión de estos?

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